A PEDRA(Z)DAS

  Hola, mentecillas inquietas:

  A la vuelta del verano siempre tenemos que habituarnos a nuevas o viejas rutinas (que se hacen nuevas por la falta de costumbre). Por ejemplo, la vuelta al cole, o al trabajo (quien lo tenga), o acostumbrarte de nuevo a tu pueblo o ciudad, volver a convivir con los vecinos y vecinas de siempre, etc. Parece que en este momento que vivimos, todos y todas, nos vamos a tener que acostumbrar a la nueva dinámica de movilizaciones casi diarias. 


  Hace unos días la tristemente conocida delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no parecía muy de acuerdo con tener que acostumbrarse también ella y sus cacareados "ciudadanos de bien" a estas rutinas. Más de 2.000 manifestaciones al año le parecen demasiadas para una ciudad decente, y por ello la cree inhabitable en esas circunstancias. Dichos comentarios fueron apoyados por la alcaldesa Ana Botella (elegida, al parecer, por sufragio matrimonial) que dijo directamente que eso "no se puede permitir". Entonces, al grito de "la calle es de... ya-no-sé-ni-de-quién-es" la primera ha decidido meter algo de miedo amenazando con intentar "modular" la normativa sobre el derecho a manifestación en pos de la habitabilidad de Madrid. Tanto ella, como Botella, como todos los que apoyen esta eventual medida deben saber que hay ciudadanos (muchos; muchísimos) que estamos más que dispuestos a acostumbrarnos a estas nuevas rutinas de movilizaciones constantes, y además las fomentamos. Más allá incluso de que nos acaben también prohibiendo esto. Parecen haber olvidado también (o más bien no quieren enterarse) de que esas manifestaciones no son gratuitas (su violencia tampoco: los dispositivos policiales los pagamos todos), no son porque nos guste salir a tomar el sol o el fresco simplemente, sino que vienen motivadas por las decisiones políticas que llevan a cabo sus gobiernos convenientemente dictadas desde Berlín y Nueva York por gente que poco tiene que ver con la política (o más bien poco deberían tener que ver). Caen de nuevo en el error de juzgar un hecho por sí mismo en lugar de analizar las causas que lo provoca. Además, tras la reforma de la Constitución en agosto de 2011 pactada con PSOE, esta nueva medida (contra la que incluso miembros de su propio espectro político ya se han pronunciado) sentaría un precedente más para la justificación de la supresión de derechos sociales y civiles, claros obstáculos a su política de "dejadnos, coño, que nosotros sabemos... o eso creo". 

  Y hablando de precedentes, no puede escapárseme esta semana uno de carácter judicial. A pesar de que las movilizaciones y acciones de protesta e intentos de transformación social (soy un romántico; lo sigo llamando "revolución") son globales y se reproducen de ciudad en ciudad, de país en país y de continente a continente, en España el centro de poder está en Madrid. Y ahí se ha vivido en los últimos días uno de los capítulos de esta historia que se sigue escribiendo que más peligro podía suscitar y que finalmente ha constituído, a mi modo de ver, una de las mayores alegrías y esperanzas (no sé porqué, esta última palabra sigue suscitando ciertos resquemores). El envío por parte de la policía nacional a la Audiencia Nacional del expediente de ocho ciudadanos que participaban en una asamblea preparatoria e informativa sobre el 25-S hizo saltar las alarmas de la clandestinidad efectiva. Mucha gente intentó restar importancia a esto, reduciéndolo a la categoría de anécdota, para no preocuparnos demasiado. Pero lo cierto es que era preocupante. El delito que se les pretendía imputar era el de delito contra altos organismos de la nación, y si bien la pena no asustaba tanto en sí (un año de prisión, que si no tienes antecedentes penales no tienes por qué cumplir), lo que sí alarmaba e indignaba era la posibilidad de sentar un precedente judicial para que se nos pudiera meter en el mismo saco que a terroristas, cosa que llevan intentando muchos políticos, apoyados por la caverna mediática, desde el inicio de las acampadas en mayo de 2011. 

  Y, como a veces pasa, la vida te da un respiro e incluso te dibuja una sonrisa, aunque sea de alivio. Por un lado la negativa de la Audiencia Nacional de hacerse cargo de los treinta y cinco detenidos del 25-S por no considerarlo delito contra altos organismos de la nación podría ser una mera coincidencia o formalidad de la administración judicial. Pero, ¡oh, albricias!, a los ocho llamados a declarar por el mismo delito por haber... por haber... (no tengo claro exactamente qué habían hecho mal, ademas de reunirse en un parque para hablar; sigo sin saberlo) se les archiva la causa. Esto podría también haber sido fruto de un trámite administrativo siguiendo el manual, pero con ciertas perlas del auto del juez Pedraz esa tesis pierde sentido. En un tono que muy bien podría haber empleado un abogado de LegalSol en defensa de nuestros queridos "perroflautas" (me viene ya encantando que me llamen así, a pesar de que no sé tocar ningún instrumento y tengo una gata. Se llama Kika), Pedraz se lía a tortas (judiciales, se entiende) con el gobierno al derribar sistemáticamente todas y cada una de las absurdas justificaciones  de Cifuentes, Fernández Díaz y compañía para criminalizar a los movimientos sociales que ejercen de presión y mosca cojonera de estos seres sin conciencia ni vergüenza alguna. Cita, incluso, la tan llevada y traída "decadencia política", y esto es lo que ha abierto la caja de Pandora. 

  Les da miedo. A los siervos del sistema, a los alumnos aplicaditos de la banca y la "troika", a quienes se empeñan constantemente en machacarnos a los ciudadanos una y otra vez por orden de un monstruo acéfalo encarnado en una señora rubia con muy mala leche y menos sentido de la moral, la ética y los valores humanos, les da miedo. Porque si esto ocurre dos veces más, es ley. En lenguaje jurídico se llama jurisprudencia y, hasta que cambien el modelo de estado y controlen el poder judicial, tendrán que aceptar que no se puede criminalizar a gente por lo que se convocó el 25-s, 26-S, 29-S y todas las veces que sea necesario. Les cabrea además que el lenguaje utilizado por un alto magistrado respetable del país esté más acorde con lo que piensa la gente de a pie que lo que le cuentan las voces fantásticas que resuenan en sus cabezas. Les aterra pensar que la  ilegalidad a la que intentan arrojar a la ciudadanía libre y valiente pueda atraparles a ellos... máxime cuando tienen algunas causas pendientes en esta materia, y de diversa índole (tres ejemplos: cargas en Atocha, infiltrados que provocan la violencia para justificar supresión de derechos civiles y fraudes y maridos que no se presentan a requerimientos judiciales). Y más aún, si los jueces comienzan a no someterse a los mandatos de esta gente, se abre el telón ante el escenario de "tú detenlos todo lo que quieras que nosotros no pensamos juzgarlos. No son criminales. Vosotros sí". Vaya, ciudadanos 1 - poder establecido 0. Y esto podría también (dejadme soñar) suponer una invitación a los cuerpos represivos para comenzar a desobedecer acogiéndose a sentencias parecidas que hayan constituido jurisprudencia y a la Constitución de 1978 y demás códigos que avalan el carácter democrático y pacífico de las convocatorias y reivindicaciones. Y señoras mías, si son muchas, si son tantas, por algo será. 

  Esta mañana una más. Desafortunadamente hemos tenido que asistir al bochornoso baile de cifras del que siempre hablo. Aunque la delegación del gobierno (la omnipresente Cifuentes de nuevo) no ha facilitado datos de asistencia, la Cumbre Social (convocante) cifra la participación sólo en Madrid en más de setenta mil personas, mientras la policía habla de cinco mil (¿A qué cole fueron que no se les enseñaron a contar bien ni a unos ni a otros?). Y lo repito por si a quien sea no le ha terminado de quedar claro: PERSONAS. Con voces, con ideas, con vidas, con sueños y con miserias. Nuestras personas. 

  Y en fin, la vuelta al cole ya es un hecho y, les guste o no, van a tener que resignarse a las nuevas rutinas o FUERA. ¿O piensan seguir intentando poner puertas al campo?

  Salu2